El asesinato del Presidente de Haití conmociona al mundo

La noticia del asesinato a tiros del presidente haitiano, Jovenel Moise, durante la madrugada de este miércoles, que fue perpetrado por un supuesto comando extranjero, ha conmocionado a la región y al mundo y pone en evidencia la crisis política y de seguridad que se ha agudizado los últimos meses en ese país, donde opositores desde hace meses pedían la dimisión del difunto mandatario que gobernaba por decreto y sostenía que su periodo duraba hasta el 7 de febrero de 2022.

En el ataque a la residencia del mandatario también resultó herida gravemente su esposa y primera dama, Martine Moise, quien a esta hora sigue luchando por su vida en la capital haitiana y sería trasladada a Miami en las próximas horas.

Moise tenía 53 años, estudió Ciencias Políticas y luego inició una carrera como empresario. Llegó al poder en febrero de 2017 con un mensaje de reconstrucción y de la mano del partido del expresidente Michel Martelly (2011-2016). Su asesinato es el segundo magnicidio que se comente en la historia de Haití; el primero fue el presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam en manos de una turba enfurecida en 1915.

Para Santos, Moise “tenía un gobierno muy frágil con una oposición consolidada que quería quitarlo del poder y que no lo dejaba gobernar” y dice que este acto deja desconcertada a la región, donde añade que es frecuente que haya esta polarización si no hay cambios o transición de poder pacíficos.

El presidente se enfrentó también a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo y en el país era frecuente que se presenten manifestaciones en su contra. En los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros.

El crimen tiene lugar faltando casi dos meses para las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre, unos comicios en los que Moise no podía ser candidato, recoge EFE.

Tras su muerte, el primer ministro, Claude Joseph, dijo estar a cargo del país y declaró el estado de sitio, decisión con la que otorga mayores poderes al Ejecutivo, e hizo un llamado a la calma mientras aseguraba que la Policía y el Ejército se encargan de garantizar la seguridad de la población. Estaba previsto que Joseph fuera sustituido esta semana tras tres meses en el cargo.

Joseph fue quien confirmó el asesinato y dijo que los tres hijos de la pareja están a salvo.

El embajador haitiano en EE. UU., Bocchit Edmond, aseguró que los asesinos de Moise se presentaron en la residencia del mandatario como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), pero su comportamiento no era acorde con el de miembros de la agencia estadounidense y dijo que eran mercenarios “profesionales” y que es posible que ya hayan escapado del país.

Edmond aseguró que la situación de seguridad en su país “está ahora bajo control” y dijo que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití velan por la seguridad y se han tomado medidas para garantizar la continuidad del Estado”.

Para Carlos Estarellas Velázquez, experto ecuatoriano en derecho internacional y catedrático universitario, el asesinato de Moise, tipificado en el derecho como magnicidio -asesinar a un jefe de Estado-, debe ser repudiado por la comunidad internacional y comenta que en este tipo de delito los autores no pueden recurrir a ningún tipo de asilo, según lo establecido en el derecho internacional.

El catedrático dice que el hecho es algo que no debe repetirse en la región y expresa su preocupación por el ataque a tiros que recibió recientemente el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, junto con varios ministros en la ciudad de Cúcuta.

“Es algo que espero que no se tome de moda, en América Latina estas cosas suceden y sería nefasto y terrible”, dice el catedrático, quien añade que la comunidad internacional debe ayudar a Haití a encontrar a una salida.

“Las elecciones que estaban previstas para septiembre deben ser adelantadas… están en la misma isla de República Dominicana y en Haití les ha pasado de todo, la Comisión de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y la OEA deben ayudar a encontrar una salida a la población”, agrega Estarellas.

Santos dice que “Haití ha sido desde siempre el país que más necesidad de asistencia internacional ha requerido en la región.

“Las instituciones son extremadamente endebles, el asesinar a un mandatario lo prueba y creo que solo se podrían dar elecciones siempre y cuando exista un apoyo real y no solo de observación por parte de la comunidad internacional, de lo contrario no veo que el proceso pueda ser libre, democrático y transparente porque en este momento la institucionalidad haitiana no lo permite”, apunta Estarellas.

Llamados a la paz en Haití

Tras conocerse del asesinato, los llamados a la paz no se hicieron esperar, en los mensajes de condena varios Gobiernos del continente americano, entre ellos el de Cuba, a través de su presidente, Miguel Díaz-Canel, enviaron sus condolencias “al hermano pueblo haitiano”.

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, se unió a este deseo para “encontrar una salida a la grave crisis” que atraviesa el país más pobre de Latinoamérica.

El presidente argentino, Alberto Fernández, hizo una llamada a “la unidad para restablecer el Estado de derecho y la democracia” en Haití, mismo deseo del mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, y del Gobierno de El Salvador, que “hace votos para que el hermano país encuentre pronto los caminos a la concordia política y social”.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, calificó el ataque a Moise como un “brutal asesinato” y “una nueva tragedia” en ese país caribeño, a lo que se unió el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, para quien el acto fue “inhumano, cobarde y barbárico”.

El presidente del Gobierno de transición de Perú, Francisco Sagasti, hizo énfasis en el “difícil momento” para la democracia haitiana en el que se da la acción que le quitó la vida a Moise.

“Estos hechos que enlutan a nuestra región no deben quedar impunes”, aseveró Sagasti.

Para el mandatario boliviano, Luis Arce, el magnicidio constituye “una flagrante violación a los derechos humanos”.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, señaló el asesinato como un terrible hecho que atenta “contra el orden democrático” en la nación caribeña.